Los parlamentarios en ejercicio que han sido mencionados en la arista política de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por el caso Tragamonedasy el presunto financiamiento ilegal de campañas electorales por parte de la Asociación Gremial de Operadores de dichas máquinas (FIDEN), habían optado por guardar silencio y evitar las preguntas de la prensa en un caso que, de no contar con la denuncia del Servicio Electoral, podría ser archivado, dejando una vez más atada de manos a la Fiscalía para investigar a los políticos.
Se trata de los diputados Erika Olivera, Raúl Soto y Tucapel Jiménez, quienes aparecen nombrados en las escuchas telefónicas interceptadas por la PDI y que fueron validadas en sede judicial por el Cuatro Juzgado de Garantía de Santiago, ante el intento de la FIDENpor anular el proceso.
En uno de los pasillos del Congreso en Valparaíso, el diputado de la Democracia Cristiana, Raúl Soto, visiblemente incómodo y molesto, optó en una primera instancia evitar los micrófonos de Radio Bío Bío. Decisión que horas más tarde modificó, accediendo a responder preguntas relacionadas con la investigación del Ministerio Público y sus vínculos con los operadores de las máquinas tragamonedas.
Raúl Soto desestimó haber sostenido reuniones con la FIDEN y dijo haberse enterado por la prensa de las vinculaciones que la Fiscalía estaba haciendo entre él y dicha organización. Además negó que en su campaña haya recibido financiamiento irregular, toda vez que sus rendiciones y aportes fueron validados por el Servel.
Una posición similar manifestó -fuera de micrófono y sin aceptar ser grabada- la diputada Erika Olivera, cuyo asesor de campaña, Francisco Von Mühlenbrock, según las pesquisas telefónicas, sostuvo una conversación con el expresidente de la FIDEN, Sebastián Salazar, quien le habría asegurado el voto a favor de la actual parlamentaria de la bancada de Renovación Nacional, para legalizar las máquinas tragamonedas que pululan especialmente en las poblaciones más pobres de nuestro país.
La diputada Olivera, consultada por el audio que se encuentra en poder del Ministerio Público, aseguró que ella no se puede hacer cargo de las actuaciones personales de quienes fueron parte de su equipo de campaña.
El Ministerio Público también investiga al empresario exsocio de FIDEN y propietario de máquinas tragamonedas, Nelson González, quien en 2017 arrendó un local al diputado del PPD Tucapel Jiménez, el que a su vez lo utilizó como sede de campaña; arriendo que Jiménez declaró ante el Servicio Electoral, negando cualquier apoyo económico ilegal a su campaña.
Tucapel Jiménez reconoce que en su minuto estuvo a favor de legislar para la legalización de las máquinas tragamonedas, pero asegura que cambió de opinión y hoy está por prohibir su funcionamiento.
La decisión del Servicio Electoral de no denunciar un posible financiamiento ilegal de campañas políticas generó una dura crítica – aunque aislada- de los diputados socialistas Fidel Espinoza y Leonardo Soto, quienes presentaron un proyecto de ley para que el Ministerio Público no requiera la denuncia del Servel para presentar querellas en caso de financiamiento ilegal de la política.
El diputado Leonardo Soto exigió que en este caso, donde en su opinión hay indicios concretos de corrupción, el Servel presente la denuncia y no obstruya al Ministerio Público en su labor de investigar el posible financiamiento ilegal de la política.
Desde el punto de vista legislativo, la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, destacó que la comisión de Gobierno del Senado despachó a la sala el proyecto que amplía el concepto de máquinas de azar, estableciendo que serán consideradas como tal todas aquellas que entreguen un valor en dinero o avaluable en dineros; indicación sustitutiva ingresada por el Ejecutivo que en la práctica pone fuera de la ley a los casinos ilegales y las máquinas tragamonedas.
Ramón Sepúlveda vicepresidente de FIDEN, la entidad que agrupa a dueños de máquinas de entretenimiento o máquinas tragamonedas, señaló que el 95% de los municipios del país ha dado patente a los locales donde funcionan estas máquinas y criticó que a la comisión de Gobierno del Senado en agosto de 2018 haya votado 5/0 a favor de regular las máquinas y hoy estén por prohibir su funcionamiento.
Los dueños de estas máquinas aseguran que una eventual prohibición afectaría a 110 mil trabajadores y a través de un estudio de la Asociación de Juegos de Entretenimiento, sostienen que regular la actividad generaría una recaudación fiscal de 148 millones de dólares.
Fuente: Biobiochile.cl
