La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados despachó este miércoles a la Sala el proyecto que tipifica el delito de incitación a la violencia. La iniciativa incluye una indicación que sanciona con multas y cárcel a quienes nieguen las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Chile en la dictadura.
Pamela Jiles (PH), quien advirtió que -por ejemplo- el polémico Ignacio Urrutia (UDI) debería estar preso bajo el imperativo de este proyecto, sostuvo que la nueva normativa nos pone al nivel de las legislaciones internacionales.
“Chile era hasta hoy uno de los pocos países del mundo donde cualquiera podía decir lo que se le ocurriera en materia de Derechos Humanos. Podía actuar de manera negacionista, incitando al odio, sin que eso tuviera ninguna penalidad”, remarcó.
Sin embargo, criticó la propuesta punitiva del Gobierno, la cual considera irrisoria, porque -según dijo- simplemente “pintaban árboles y hacían clases de ética”. Por ello, la propia parlamentaria introdujo una indicación, aprobada este miércoles, para sancionar con multas o pena corporal.
La misma idea fue reforzada por el diputado Mario Venegas, quien aclaró que este proyecto de ley se refiere a hechos debidamente probados en instancias formales y serias.
“El actual Ejecutivo le ponía un multa de incluso trabajo comunitario. No tenía la fuerza coercitiva para impedir que estas cosas se den”, aseguró.
Sin fuero parlamentario
Respecto a los dichos de la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien acusó una contradicción de esta normativa con la libertad de expresión, Jiles fue tajante y aseguró que este derecho está resguardado completamente.
“La verdad es que la libertad de expresión de Hitler o de Pinochet no es libertad de expresión. El asesinato en la dictadura, la violación a los Derechos Humanos no forma parte de la libertad de expresión. La libertad de expresión en todas partes tiene límites”, remarcó.
El proyecto de ley también incluye a parlamentarios, que ya no podrán “escudarse en su fuero”, explicó, de modo que “a partir de la aprobación de este proyecto estarán tras las rejas, que es donde siempre debieron estar”.
541 días a tres años
La presidenta de la Comisión de DDHH, Carmen Hertz (PC), detalló que la normativa aplicará cuando alguna persona niegue hechos que se encuentren probados en documentos del Estado, como la Comisión Rettig, la Comisión de Reparación y Reconciliación y los informes Valech I y II.
En concreto, quien infrinja esta prohibición arriesga una pena corporal mínima, una multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos en caso que el acusado sea funcionario del Estado.
De este modo, un negacionista podría ser condenado a una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, que fluctúa entre los 541 días a tres años.
¿Cuándo aplicaría?
La diputada Hertz, de paso, fue consultada sobre los márgenes de la propuesta, respecto a si la restricción comienza a operar simplemente por declararse pinochetista, tal como el caso del senador Iván Moreira (UDI) o la diputada Camila Flores (RN).
En ese sentido, la parlamentaria comunista remarcó que esos detalles quedan a interpretación de un juez, puesto que el Poder Judicial es el encargado de aplicar las leyes. Sin embargo, en su opinión, la manifestación de una opción política no estaría considerada.
En cambio, dichos como los emitidos en abril pasado por el diputado Ignacio Urrutia, cuando se refirió a los torturados y exonerados como “terroristas con aguinaldo”, sí funcionarían bajo esta normativa.
“Es un típico caso de negacionismo donde se está ofendiendo la dignidad humana de las víctimas. Sin duda alguna”, dijo Hertz.
