La exministra de Justicia y actual integrante del Consejo de Defensa del Estado, Javiera Blanco, pidió cambiar al fiscal del caso Sename, luego de la filtración de un documento que confirma su calidad de imputada, en una de las aristas de la investigación por los “jubilazos” en Gendarmería. El Ministerio Público abrió una investigación penal por la revelación de diligencias de la carpeta investigativa.
Recordemos que Radio Bío Bío confirmó el lunes que los dos exministros de Justicia estaban siendo investigados en calidad de imputados por causas de presunta corrupción o mal uso de fondos públicos.
Un documento de la fiscal Tania Sironvalle, el pasado 28 de agosto, le confirmó a la Fiscalía de Puerto Montt, que encabeza el fiscal Marcos Emilfork, que Javiera Blanco es investigada como presunta imputada de fraude al fisco, nombramiento ilegal y tráfico de influencias.
Lo anterior, porque cinco funcionarios de la Subsecretaría de Justicia que estaba a su cargo aparecen recibiendo sueldos en forma paralela en Gendarmería, en un caso donde también aparece imputado el ex director general de la institución carcelaria, Tulio Arce.
En una declaración pública, Blanco se refirió a esta información.
“Debo aclarar que en el caso jubilazo de Gendarmería no he sido citada a declarar nunca”.
“No tengo nada que ocultar (…) Hoy presentaré una denuncia por el delito de violación de secreto para que el Ministerio Público investigue el origen de las reiteradas filtraciones de información. Adicionalmente, he pedido a mis abogados que presenten un requerimiento a la Fiscalía para el cambio de fiscal del Caso Sename”, agregó.
También en un comunicado, el fiscal Emilfork confirmó que se abrió una causa penal por la filtración de este documento.
En forma paralela, el CDE, en una declaración pública, aclaró que no es parte en la investigación por los denominados “jubilazos” en Gendarmería y que Blanco permanece con un permiso sin goce de sueldo.
Consultada la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, sobre el futuro de Javiera Blanco, optó por tomar distancia al señalar que el Consejo y la involucrada deben hacer esa evaluación.
“Acá lo importante que se ha conocido es que una actual consejera de Defensa del Estado está imputada por delitos graves, y nosotros creemos que es el Ministerio Público quien tiene que investigar con profundidad qué es lo que acá sucedió, porque finalmente los que terminaron dañados, fueron los niños más vulnerables de este país”, indicó.
En mayo pasado la Contraloría General de la República cifró en cerca de 400 millones de pesos los gastos cuestionados en la implementación del programa que debía mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes al interior de los hogares del Sename, plan conocido como Ascar.
Las presuntas irregularidades, que tienen que ver con pagos desde este programa para otros objetivos, las descubrió el fiscal que investiga las muertes y abusos en hogares del organismo, Marcos Emilfork.
Exministro Gómez pide reagendar declaración
Para este martes en dependencias de la PDI estaba citado a declarar al exministro de Justicia, José Antonio Gómez, en calidad de imputado por el delito de fraude fiscal.
Si bien el propio exsecretario de Estado había solicitado declarar como testigo, el persecutor le cambió esa calidad.
La diligencia, según explicó el propio Gómez, se frustró porque su abogado defensor debe conocer el expediente antes del interrogatorio, que se va a reagendar.
El exministro defendió el denominado plan Ascar que se ejecutó entre el 2013 y 2016 y que significó una inversión de $3.300 millones.
“Hay antecedentes importantes de resultados respecto de ese programa que fueron positivos y por lo tanto, creo que es relevante que uno le aporte todos esos antecedentes al fiscal que está investigando”, afirmó Gómez.
“Le dije al fiscal que no tenía conocimiento completo de la carpeta, y por lo tanto era necesario que recibiera todos los antecedentes y una vez que los tuviera, se va a agendar una nueva fecha para poder entregar y aportar todos los antecedentes”, insistió.
La investigación por las presuntas irregularidades en el plan Ascar comenzó con la revelación del licenciado en Teología y exfuncionario del Ministerio de Justicia, Franklin Ceballos, quien reconoció que le pagaron más de $5 millones por funciones que no realizó.
Además, explicó que fue reclutado luego de un almuerzo con el senador Pedro Araya y la exministra de Justicia, Javiera Blanco.
Fuente: BioBioChile
