Un gran anuncio dio el Presidente Sebastián Piñera quien, a dos meses de haber asumido la administración, está dando señales claras de la dirección en que va encaminado el Gobierno.
Es en esta línea que a comienzos de esta semana, el Presidente firmó el decreto que crea la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) y el proyecto de Ley que impulsa la Agenda Pro-inversión, suscrito junto a los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y Economía, José Ramón Valente. Junto con ello, se instruyó al Consejo de Productividad que identifique los obstáculos que actualmente están frenando la realización de nuevos proyectos.
Como explicó la Seremi de Gobierno, Sofía Ávalos, “estas iniciativas pro inversión comprenden una serie de medidas y propuestas para darle un gran impulso a nuestra economía para que Chile y sobre todo nuestra región de Atacama vuelva a crecer con fuerza y pueda reemprender la senda para convertirse en un país desarrollado”. Además, la autoridad regional agregó que “puntualmente en Atacama son 23 proyectos los que están en carpeta, que se van a hacer todos los esfuerzos por destrabar, cumpliendo claramente en lo técnico, legal y ambiental, ya que significan una inversión cercana a los 10 mil millones de dólares”, sentenció.
La Seremi recalcó que entre 2014 y 2017 la inversión en Chile cayó a una tasa promedio de 1.8% anual, lo que significó una pérdida de dinamismo, menor crecimiento de la economía, la caída de las inversiones y el descenso de nuestro país en los rankings de competitividad y libertad económica , “el gran compromiso del Gobierno es hacer posible que Chile llegue a ser, en la próxima década, el primer país de América Latina en alcanzar un desarrollo integral, inclusivo y sustentable”, afirmó Ávalos.
En estos dos meses de administración, el actual Gobierno ha detectado que el principal problema que tiene entrampada la inversión en el país es la excesiva burocracia y la lentitud de los procesos que han hecho que los proyectos de inversión llegue a tardan más de 4 o 5 años en ver la luz. “Chile ha llegado a presentar los peores niveles de complejidad regulatoria dentro del grupo de países OCDE, no sólo por la gran cantidad de permisos que hay que tramitar sino también por la mala calidad de la información con que se cuenta” dijo la Seremi, quien además agregó que “si durante los últimos 4 años Chile hubiese seguido creciendo a un promedio de 5,3% al año, como lo hizo durante nuestro mandato anterior, se habrían creado unos 550 mil empleos más que los que efectivamente se crearon y unas 400 mil personas más habrían podido salir de la pobreza”.
La GPS
La Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables funcionará de la mano del mundo privado –inversionistas nacionales y extranjeros- además de la coordinación de nueve ministerios y sus servicios derivados: Energía, Minería, Obras Públicas, Medio Ambiente, Agricultura, Desarrollo Social, Vivienda, Defensa y Bienes Nacionales.
Su objetivo es reducir los plazos de tramitación y entregar mayores certezas en el marco de un Estado disciplinado y eficiente en la aprobación de proyectos de inversión que cumplen con altos estándares sociales y ambientales.
La GPS será la puerta de entrada de los grandes proyectos de inversión al proceso de obtención de permisos y autorizaciones. Se encargará de entregar un acompañamiento a los inversionistas durante todo el proceso de tramitación y coordinará internamente a todos los servicios públicos encargados de gestionar algún permiso. “Esto no significa que se rebajarán los estándares regulatorio, todo lo contrario. La Oficina será el primer órgano estatal en velar por que se cumplan todos los estándares medioambientales que la ley exige y el buen trato con las comunidades donde los proyectos se emplazan” afirmó la autoridad.
Agenda Pro-inversión
Junto con la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, se implemente la Agenda Pro-inversión, la cual busca promover un clima y un escenario jurídico propicio para la inversión en nuestro país, eliminando imperfecciones o trabas regulatorias e inyectando eficiencia y modernización al Estado.
La primera etapa de esta Agenda consiste en la presentación de un proyecto de ley al Congreso Nacional sobre ajustes y modificaciones puntuales a diversas normativas que inciden en la tramitación de los proyectos de inversión. En total son 18 medidas, de las cuales 3 provienen del gobierno de Michelle Bachelet pero no alcanzaron a convertirse en Ley. Su objetivo es modificar el Código de Aguas, la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el Decreto con Fuerza de Ley sobre Concesiones Marítimas, el Decreto Ley sobre Rentas Municipales, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ley que Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras y el Decreto Ley que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería, entre otras.