Se analizará “caso a caso” si corresponde extender las autorizaciones administrativas que emanan de las seremis. Gremio se opone a la decisión y pide que la norma se cumpla.
La salida de 277 médicos del sector público de salud, que debería concretarse por ley el próximo martes y que provocaría, por ejemplo, que la mitad de los médicos de atención primaria de Chiloé salieran del sistema, fue puesta en suspenso por el propio Ministerio de Salud.
El titular (s) de la cartera, Jaime Burrows, planteó ayer que la directriz entregada a las 15 secretarías regionales ministeriales (seremis) de Salud es que “ninguna persona de nuestro país deje de tener disponibilidad de atención médica. Hemos tenido conversaciones con todos los seremis, que son los encargados de cautelar que se den las condiciones de atención, de evaluar si existe riesgo de perder la continuidad del servicio y tomar las medidas que corresponda. Por ejemplo, de extender la autorización, caso por caso, de manera de continuar con la atención de la gente”.
Esto ocurrirá de todas maneras, pues según reconoció el propio ministro (s), los médicos destinados a suplir la falencia ocasionada por aquellos que deben salir del sistema recién estarán en sus destinaciones el 1 de abril. Por lo tanto, aquellos médicos que deberían salir no lo deberían hacer, al menos, hasta esa fecha.
Descartan crisis
La norma que genera el conflicto fue patrocinada por el gobierno de Sebastián Piñera, pero una vez aprobada esta administración realizó un seguimiento al proceso, con miras a darle cumplimiento. Hasta el lunes, las autoridades de Salud descartaban postergaciones o “perdonazos” para quienes no hubieran aprobado la prueba.
“No va a pasar una situación de crisis, por lo que le hemos indicado a los servicios de salud y las seremis, lo importante es asegurar la continuidad del sistema (…). A partir del 1 de abril, llegarán nuevos médicos a estos lugares y, por lo tanto, se va a seguir fortaleciendo la atención primaria”, aseguró Burrows.
¿Qué pasará entonces luego del 1 de abril? La diputada independiente Karla Rubilar cree que “el Gobierno siempre apostó por admitir que iban a seguir utilizando la vía administrativa cerca de la fecha límite, que se cumple la próxima semana, porque así no debían pagar el costo político de una modificación legal. Pero a mí, lo que más me preocupa es lo que pasará después del 1 de abril, porque podrán seguir autorizando a médicos que no hayan aprobado”.
En la misma línea, el presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, sostuvo ayer que “si el Ejecutivo manda una ley, le pone un plazo, y no la va a cumplir, lo encuentro insólito. Entonces, yo voy a ir a la municipalidad en marzo y voy a pedir dos meses más para pagar la patente (del auto). Ya basta de este tipo de postergaciones (…), ley pareja no es dura”. Para el ex ministro de Salud del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Álvaro Erazo -quien lideró la discusión de la ley que le entregó el carácter habilitante al Eunacom- esta controversia se da porque “se ha enfrentado el problema de manera coyuntural”.
Según el médico, “los avances en infraestructura de la atención primaria no han ido de la mano con un esfuerzo similar en la formación, lo que provoca que se dé la paradoja de que nadie quiera ir adonde más hacen falta (…). A eso se suma la necesidad de orientar y dirigir inteligentemente la inmigración médica, y no de forma inorgánica, como se ha hecho hasta ahora”.
50 médicos se desempeñan en la atención primaria en la provincia de Chiloé, en la Región de Los Lagos. De ellos, 26 deberían salir, de acuerdo con la ley, el 14 de febrero.
Uno de abril es la fecha en la que llegarán a sus destinaciones 375 médicos, en etapa de destinación y formación.
277 facultativos , a nivel nacional, deberán ser evaluados por los seremis “caso a caso”.
Fuente: El Mercurio
