El presidente de la instancia, diputado Marcos Espinosa, aseguró que las denuncias ciudadanas fueron el origen de la Comisión que finalmente concluyó que la gran minería afectó gravemente los recursos de aguas del país, al tiempo que asignó responsabilidad de las autoridades medioambientales por no fiscalizar, ni impedir el desastre ecológico.
Una amplia valoración recibió el premio otorgado por la Fundación Terram a la Comisión Investigadora sobre daño ambiental causado en glaciares, salares y cuencas hidrográficas, por sus conclusiones en relación a la responsabilidad de la gran minería y las autoridades del Estado en esta materia.
Según expresó el presidente de la instancia, diputado Marcos Espinosa (PRSD), la Comisión se conformó a partir de una denuncia realizada por una organización de la región de Antofagasta, la cual planteó graves hechos relacionados con una ausencia de fiscalización por parte de los organismos públicos, que se generó en una afectación importante en el Salar de Punta Negra y que determinó tomar medidas urgentes para salvar no solamente los recursos hídricos existentes, sino que también el ecosistema asociado al salar.
“Recibimos en esta Comisión Investigadora a más de treinta organizaciones entre académicos, comunidades indígenas y entidades públicas, donde al final llegamos a la conclusión de que, efectivamente, el rol que está cumpliendo el Estado en materia de preservación de los recursos naturales, en estos tres tipos de situaciones, es francamente deficiente”, puntualizó.
Al mismo tiempo, el parlamentario explicó que el trabajo no solo se limitó a la denuncia, sino que tambien a entregar propuestas en términos de crear un organismo coordinado que fiscalice las concesiones mineras, derechos de aguas y otros. “Propusimos la creación de un organismo superior de coordinación de los distintos servicios públicos, para logar una mayor y eficiente fiscalización respecto de las concesiones mineras entregadas, los derechos de aguas adquiridos por particulares, a objeto de verificar que estén cumpliendo con las cuotas de extracción”, indicó.
En esa línea, agregó que “lo que tenemos hoy es un modelo que francamente a nosotros nos parece preocupante y anacrónico, ya que le deja esa responsabilidad, de ir midiendo las cuotas de extracción, a las propias empresas que son las poseedoras o las titulares de los derechos de aguas”.
Fundación Terram
En el informe, Terram destaca que, después de cinco meses de trabajo, la instancia investigadora concluyó que la gran minería afectó gravemente los recursos de agua del país, al tiempo que asigna responsabilidad de las autoridades medioambientales por no fiscalizar, ni impedir el desastre ecológico.
El documento vuelve a hacer mención al trabajo del grupo parlamentario cuando analiza el tema del agua y, en particular, de los glaciares. En esa parte del análisis se menciona parte del desarrollo de la Comisión, desde su constitución en mayo de 2016, y se resalta parte de sus conclusiones (el informe completo aún no es público dado que no ha sido presentado a la Sala), que apuntan a que los organismos del Estado encargados actuaron con negligencia en su rol y a que existe ausencia de un ente rector que estructure y ordene el funcionamiento de todos los organismos públicos involucrados en el área ambiental.
En todo caso, se critica que la Ley de Glaciares no tuviera mayores avances durante el 2016, particularmente tras la recepción del informe de la Corte Suprema que en agosto indicó, entre otros aspectos, que el proyecto de ley, “en la manera propuesta podría debilitar la situación de los glaciares, al regular un procedimiento que posibilitará su explotación”.
