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Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coquimbo apruebó proyecto minero y portuario Dominga, ¿En qué afecta a Atacama?

Es impresentable que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coquimbo apruebe el avasallador proyecto minero y portuario Dominga, el cual se emplaza en un hotspot de biodiversidad mundial, como lo es el borde costero de la comuna de La Higuera (y también de Chañaral de Aceituno por la región de Atacama), donde habita la colonia más grande de pingüino de Humboldt del mundo.

Es impresentable porque el mayor accionista y controlador de la empresa Andes Iron Spa (85% hasta el año 2015), que lidera el proyecto minero Dominga, es Carlos Alberto “Choclo” Délano, amigo del ex presidente Piñera y dueño de empresas Penta, conocido holding empresarial que -sabemos- financiaba a la UDI y a sus dirigentes, evadiendo impuestos millonarios y corrompiendo a las marionetas instaladas en el congreso para resguardar los intereses del 1% de los más ricos del país (y que poseen el 35% de la riqueza nacional).

Es impresentable porque el “Choclo” Délano, por medio de Penta, según la investigación del fiscal Gajardo, le pagaba 2 millones  mensuales al Subsecretario de Minería del Gobierno de Piñera, Pablo Wagner (mientras esté ganaba un sueldo mensual de más de 7 millones por su cargo en el Gobierno), para que operara políticamente con las Seremi de Minería de la Región de Coquimbo, para que el proyecto fuera aprobado sin dificultades y a la medida del “Choclo”. Pablo Wagner era un empleado de Penta instalado en la Moneda, así lo confirmó la investigación de la fiscalía.

Es impresentable porque Andes Iron ha tratado de comprar –por medio de proyectos y subvenciones– a los pescadores artesanales de la zona, como los hizo con Wagner y otros operadores que desconocemos, pero la resistencia social al proyecto ha sido férrea (no de todos, por supuesto).

Con todo, es impresentable que el SEA y el Gobierno actual aprueben y permitan instalar el proyecto Dominga, porque ha sido gestionado y tramitado por medio del tráfico de influencias, el cohecho y la corrupción política-empresarial –así como la ley de pesca aprobada en el Gobierno de Piñera–, donde los intereses del empresariado fueron cautelados por el gobierno de la derecha y lo siguen siendo por medio de los parlamentarios de turno, con casos comprobados como Wagner, Orpis, Longueira, Isasi, Moreira, Von Baer y tantos más.

Como lo anunció hace algunos días la Federación de Pescadores de La Higuera, esto está recién empezando.

Fuente: Diario El Día.

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