Según expresó la legisladora, las propuestas elaboradas por los diputados DC serán entregadas al gobierno para que las incluya en la priorización legislativa.
Un conjunto de cambios legislativos para asegurar la protección de mujeres y frenar la violencia de género, es lo que han impulsado los diputados DC para modificar la normativa actual, radicada en la Ley de Violencia Intrafamiliar.
Según señaló la diputada Yasna Provoste, “el actual marco jurídico ha demostrado ser ineficiente para proteger a las mujeres adecuadamente y para sancionar las agresiones que ellas sufren. No puede ser que cada vez que ocurra un nuevo femicidio, solo se diga que es lamentable, hay que avanzar en perfeccionar nuestra legislación”, manifestó.
En ese contexto, la parlamentaria confirmó que las propuestas de cambios serán entregadas al Ejecutivo, con el objeto de que puedan ser incorporadas en la priorización legislativa que se realiza por estos días, considerando la última etapa del gobierno.
“Es urgente que nuestra actual legislación sobre violencia al interior de las familias sea modificada, por lo menos, distinguiendo la violencia de género de otras formas de violencia intrafamiliar, que no obedecen a la misma lógica; eso, como punto central”, indicó.
Agregó que, lo anterior, se debe hacer diferenciando entre agresiones aisladas o episódicas que pueden surgir en algunos períodos de crisis familiares- y que pueden ser objeto de suspensiones condicionales de pena y sometidas a un tratamiento psicológico – de aquella que son el modo habitual de relacionarse de una pareja.
“Re-tipificando y aumentando las penas del delito de maltrato habitual que hoy se configura solo si hay varios episodios denunciados, lo que lo torna ineficiente, pues cuando la violencia es “relacional”, la víctima considera justificable o excusable el maltrato que sufre y no denuncia a su pareja, y si lo logra hacer, o lo hacen familiares por ella, no persevera en el juicio contra el agresor”, declaró.
Añadió que se deben modificar los hechos que deben probarse y los medios que produzcan plena prueba de la existencia de violencia, los que no deben seguir enfocados en acreditar la violencia más grave y visible cada vez que se produce, y su autor – sino la existencia de una relación violenta entre los miembros de una pareja en las que se acepta como normal la “cosificación” de la mujer. “Porque siendo ese el tipo de relación existente, es un hecho cierto y conocido que la violencia no cesará y será cada vez más grave, indefectiblemente”, comentó.
Por ello, la legisladora manifestó que la ley debe modificarse estableciendo factores de riesgo objetivos y de valor científico reconocido por los protocolos de la OMS, además de aplicación obligatoria en todas las instancias públicas y sociales necesarias (Policía, tribunales de familia, fiscalía, defensoría, desarrollo social, educación, salud, juntas de vecinos, etc.), readecuándose, también, a dicha realidad el actual régimen de medidas cautelares de la integridad física, psíquica, sexual y económica de las mujeres que la padecen y de sus hijos.
“La violencia de pareja relacional condiciona profundamente la conducta de hombres y mujeres, por lo cual, también resulta completamente inadecuado que agresores de este tipo, que fundan su actuar en arraigadas costumbres y creencias culturales, queden en libertad provisional mientras son juzgados o sean considerados aptos para una salida alternativa como la suspensión condicional de la condena”, concluyó.
