La iniciativa dará un importante paso en la Cámara de Diputados y pone acento en el derecho humano de acceso al agua y saneamiento.
“Me costaría creer que en la región alguien continúe defendiendo el Código de Aguas así como está, la escasez estructural a la que estamos sujetos se debe en primer lugar al abuso que ha permitido este marco regulatorio, que al dejar todo en manos del mercado de aguas, privilegia el uso económico por sobre las prioridades de consumo humano, ambientales y de la ciudad, pues tenemos el vergonzoso récord de tener la primera ciudad en el país que secó su río”, señaló el Seremi de Obras Públicas César González.
La reforma al Código de Aguas será votada en la Sala de la Cámara de Diputados el próximo martes 22 y apunta a establecer un equilibrio entre el uso productivo con el acceso al agua y saneamiento para la población, además de la preservación ecosistémica. Así lo explicó el Director Regional de Aguas, Rodrigo Alegría, “el espíritu de la reforma es conciliar el equilibrio del uso productivo de las aguas, con su acceso a la población para consumo y saneamiento, y con la preservación del medio ambiente. Y con ello, adaptarnos al nuevo escenario del cambio climático”.
Recordó que el Código de Aguas de 1981 fue diseñado para la abundancia, lo cual dista de la realidad actual, considerando el cambio climático y la sobre explotación de los acuíferos.
Por su parte, el Seremi González agregó que la reforma está orientada a la priorización del derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento para la población, protección de la sustentabilidad ambiental del agua superficial y subterránea, fortalecimiento de las atribuciones de la DGA en la gestión del agua y el fomento al uso efectivo del agua.
Descartó que la reforma tuviese carácter expropiatorio, “puesto que en ningún caso hay perjuicio a la propiedad de los derechos de aprovechamiento existentes, ya que los dueños continuarán teniendo la posibilidad de vender, ceder o transmitirlo”. Sin embargo, quien adquiera un nuevo derecho, se le entregará por 30 años, prorrogable si tiene construidas las obras de aprovechamiento.
Una buena noticia para quienes aún no han regularizado los usos ancestrales o derechos adquiridos con la Corporación de la Reforma Agraria, es que se crea un procedimiento administrativo simple y muchísimo menos costoso para los usuarios, con el objeto de que cada agricultor –individualmente o representado por su organización de usuarios- pueda regularizar sus títulos ante la Dirección General de Aguas y dentro de 5 años contados desde la publicación de la ley. Con los derechos debidamente constituidos, podrán optar a beneficios del Estado.
Como la población rural tiene dificultad para acceder al agua para el consumo o saneamiento, la reforma introduce beneficios para los Comités de Agua Potable Rural, como son el extraer aguas de un sitio del comité o de cualquiera de sus integrantes con una simple servidumbre, sin que requieran solicitar el derecho, en la medida que sólo sea para consumo humano y de subsistencia doméstica.
Otra preocupación de la reforma es la preservación ecosistémica de las aguas, por lo que no se podrán constituir derechos de aprovechamiento en glaciares, en la región de Atacama están inventariados 776. “Esto nos interesa como región, constituyen una reserva de agua y un indicador del cambio climático. Por eso la DGA desarrolla la Estrategia Nacional de Glaciares, estudiando los glaciares del país a distinto nivel de detalle”, indicó Alegría.
Además, prohíbe la extracción de aguas subterráneas que alimentan vegas, pajonales y bodefales, normativa que hoy en día sólo rige desde Arica-Parinacota hasta Antofagasta, y que se ampliará hasta la región de Coquimbo. Además, no podrán otorgarse derechos de agua en áreas declaradas bajo protección oficial para la biodiversidad, como los parques nacionales Pan de Azúcar, Nevado Tres Cruces y Llanos de Challes, y la reserva nacional Pingüino de Humboldt.
