Los diputados DC, Provoste y Ortiz, valoraron la aprobación de esta iniciativa, que ahora pasa a la sala de la Cámara de Diputados para transformarse en ley.
La Comisión de Hacienda aprobó por 7 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, el proyecto de ley que permite la transformación de los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) en personas jurídicas sin fines de lucro, iniciativa que quedó lista para ser votada en sala en su segundo trámite constitucional.
Al respecto, la diputada DC e integrante de la Comisión de Educación, Yasna Provoste, valoró la aprobación y señaló que “hoy hemos dado un paso favorable en la Cámara de Diputados, primero en la Comisión de Educación y hoy en la Comisión de Hacienda, aprobando este proyecto. Esperamos que en la sala los compromisos que el Ejecutivo ha tomado con el parlamento se lleven adelante en cuanto a las indicaciones solicitadas”.
“Para la Bancada de la Democracia Cristiana, lo más importante es poder garantizar la gratuidad a los estudiantes que asisten a los Centros de Formación Técnica, a ellos está dirigida esta señal, que seamos capaces de decirles a esos estudiantes y a sus familias que a partir del año 2017, si asisten a un CFT o a un IP sin fines de lucro van a poder acceder, al igual que lo hacen hoy día millones de estudiantes en el sistema universitario, a la gratuidad, porque estamos absolutamente convencidos que la educación es un derecho y por lo tanto estamos avanzando en esa dirección”.
Por su parte, el diputado DC y miembro de la Comisión de Hacienda, José Miguel Ortiz, destacó que “el año pasado planteamos en la discusión del Presupuesto 2016, que antes de que terminara este año sí o sí tenía que ingresar un proyecto en esta línea, porque no podíamos dejar fuera a los esforzados alumnos y alumnas de CFT e IP; y esta aprobación es una señal potente y un gran avance y esperamos que cuando se termine la discusión de la Reforma Educacional haya igualdad de condiciones para los alumnos de universidades y también para los jóvenes de educación técnica”.
Finalmente, el diputado explicó que el proyecto “ahora pasa a la sala a su segundo trámite constitucional, donde esperamos que el Ejecutivo presente indicaciones en lo relativo a aumentar los plazos de 12 a 24 meses, para que los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales se adecúen a todo lo que significa transformarse en instituciones sin fines de lucro”.
