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Fiscalía de Copiapó obtuvo condenas por malversación de dinero destinado a estudiantes

logitoFuncionaria municipal de Tierra Amarilla, según estableció la investigación, no justificó la entrega de dinero que estaba destinado a programa financiado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

A través de un procedimiento abreviado la Fiscalía de Atacama obtuvo dos condenas contra una funcionaria municipal de Tierra Amarilla, quien tenía la tarea de coordinar un programa de residencia familiar para escolares, el cual era financiado por la Junta de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb.

Según se determinó, la investigación de este hecho se centró en antecedentes recabados en los años 2007 y 2008 cuando María Gallardo Quevedo, quien en esa fecha se desempeñaba en la indicada municipalidad, quedó a cargo de la iniciativa que costeaba residencias a niñas y niños que no contaban con recintos educacionales cerca de sus domicilios. Frente a lo cual la Junaeb traspasaba montos al municipio local y éste a su vez a la condenada, quien tenía la tarea de hacer llegar el dinero a las familias beneficiadas con este proyecto.

Según indicó el fiscal del caso, Alexis Rogat, la investigación realizada con el apoyo de funcionarios de la Bridec de la PDI demostró que la funcionaría entregó boletas de honorarios personales a la Junaeb por un total de 730 mil 554 pesos por concepto de servicios realizados en el contexto del desarrollo del mencionado plan. Situación irregular pues esas tareas formaban parte de sus funciones de coordinadora de la iniciativa, por lo que eran pagadas por su empleador, es decir, la municipalidad de Tierra Amarilla.

De la misma manera, mencionó el fiscal, durante el proceso de fiscalización realizado por la Contraloría Regional de Atacama se estableció que la funcionaria, durante el desarrollo del programa a su cargo, no hizo efectivos los pagos a todas las familias beneficiarias. Lo que se estableció al no existir documentos que avalaran la entrega de los montos, lo que significó un perjuicio que alcanzó los 3 millones 316 mil pesos.

Estos antecedentes se conocieron en la audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía de Copiapó, ocasión en que condenó a Gallardo Quevedo por los delitos de negociación incompatible y malversación de caudales públicos. Por ello, el Juez de turno estableció la pena de 41 días y una multa de 36 mil 527 pesos por el primeros de los ilícitos, mientras que por el segundo delito fue sentenciada a la pena de 541 días de presidio y el pago de una multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales. Otorgando el Juzgado la pena sustitutiva de remisión condicional para ambas sentencias.

Junto con ello, a cada una de las penas aplicadas se sumó la inhabilitación para desarrollar cargos públicos por un lapso de tres años y un día.

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