Una productiva reunión sostuvieron representantes del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Copiapó con diversas instituciones relacionadas con el quehacer judicial, respecto a los cambios que introduce la Ley 20.886, que norma la tramitación electrónica –LTE– de procedimientos judiciales.
Según explicó el administrador del tribunal, Juan Carlos Cortés, uno de los objetivos era informarles respecto a la ley y conocer de primera fuente qué procedimientos están implementando en sus instituciones para enfrentar el inicio de la tramitación electrónica. Asistieron además los jefes de unidad Tania Flores, Ingrid Cortés, Claudio Carvajal y Claudio Castro.
En el encuentro estuvieron la fiscal jefe de Copiapó, Gabriel Meza, el administrador de la Fiscalía Local Martín Olivares; el director administrativo de la Defensoría Penal Pública, Patricio Gajardo; el capitán Marcelo Ramírez y el suboficial José Barraza, funcionarios de Carabineros a cargo de órdenes judiciales; el subcomisario de la PDI Angel Quintanilla, y Harold Herrera y Felipe Vásquez, representando a Gendarmería.
“La recepción por parte de los participantes fue muy buena. Algunas instituciones presentan mayores avances que otras en el tema; incluso algunas sugirieron que pudiéramos replicar esto a nivel de las demás provincias de la región”, explicó Juan Carlos Cortés.
En relación a esta posibilidad, Cortés precisó a los participantes que, más que una capacitación, el encuentro tenía como intención el compartir información de los cambios que legales, especialmente en la forma en que se tramitará a contar del 18 de junio próximo.
A esta actividad se suma una capacitación realizada a los funcionarios del tribunal, la que se refirió al aspecto operativo del sistema de tramitación en materia penal y la firma digital avanzada, encuentro al que asistieron como invitados representantes del Juzgado de Garantía.
La LTE busca lograr una disminución de los costos de tramitación de causas, establecer mejoras en la interconexión de los tribunales, alcanzar mayores estándares de seguridad, trazabilidad y disponibilidad del proceso, así como una mayor transparencia y eficiencia en la tramitación.
Asimismo, se busca alcanzar una modernización y mayor acceso a la justicia y se espera contribuir a la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, a través de la disminución del uso del papel.
