La iniciativa busca que se entreguen los productos cuya venta resulta inviable, como ocurre en el caso de envases dañados o defectuosos, mala rotulación o proximidad del vencimiento del alimento, y los que aún resulten consumibles, para ser entregados a entidades de beneficencia y organizaciones sociales, con el fin de ayudar a contribuir en el combate con la desnutrición y desigualdad económica.
Considerando que las pérdidas de alimentos representan un desperdicio de los recursos e insumos utilizados en la producción, como tierra, agua y energía, incrementando inútilmente las emisiones de gases de efecto invernadero, un grupo transversal de diputados, encabezado por Clemira Pacheco (PS), presentó un proyecto de ley que solicita a las empresas comercializadoras de alimentos donar los productos que pierden su valor comercial a entidades de beneficencia y organizaciones sociales.
En el documento, los autores señalaron que un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o se desperdicia en todo el mundo, lo que equivale a cerca de 1.300 millones de toneladas al año. Asimismo, los alimentos se pierden o se desperdician a lo largo de toda la cadena de producción, desde su etapa inicial en la producción agrícola hasta el consumo final en los hogares.
Señalaron que en este escenario de pérdida de alimentos, es dable considerar la opción que pueden tener los establecimientos que elaboran, importan, distribuyen y los comercializan, para que, frente a la pérdida de su valor comercial, pero aún conservando sus condiciones alimentarias, puedan ser aprovechados por entidades sin fines lucro, quienes tienen como objetivo la distribución de alimentos entre personas de escasos recursos, principalmente organizaciones sociales o entidades de beneficencia, buscando evitar el desperdicio de los alimentos.
Agregaron que, para llevar a cabo el proceso, serán los bancos de alimentos o entidades sin fines de lucro las encargadas de la distribución de estos a distintas organizaciones sociales o bien entidades de beneficencia. La entidad receptora de alimentos tendrá como prohibición su comercialización y venta.
Además de la prohibición de comercializar los productos, deberán cumplir con los requisitos establecidos con las distintas circulares del Servicio de Impuestos Internos, respecto de la materia.
