Según Acción Educar, otras 62 ciudades no cuentan con instituciones técnico-profesionales que cumplan los requisitos para el primer año de la medida.
Sólo en 10 ciudades de Chile hay Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) acreditados y sin fines de lucro y, por consiguiente, podrían optar a que sus estudiantes sean beneficiados con la gratuidad en 2016. Se trata de Antofagasta, Coquimbo, Concepción, Lebu, Osorno, Rancagua, Santiago, Temuco, Valparaíso y Viña del Mar. Así lo asegura un análisis de Acción Educar, que analizó la situación en 72 ciudades del país, y que concluye que 62 localidades a lo largo del territorio no podrían optar al beneficio el próximo año, por no contar con CFT o IP que cumplan con los requisitos definidos para el primer año de esta política pública.
“La improvisación con que esta medida fue anunciada puede llegar a tener como efecto el incentivar el centralismo. Es evidente que es un elemento que no se tuvo a la vista a la hora del anuncio, y que da muestra de un alto grado de improvisación, lo que está muy lejos de ser la manera óptima con que las políticas públicas tienen que diseñarse”, criticó Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar y asesor del gobierno anterior en materia de educación.
Según el análisis de la fundación, sólo el 9% de la matrícula total de pregrado en instituciones técnicas asistió el año pasado a un centro de formación o instituto sin fines de lucro y acreditado. Esto equivale a 97.847 alumnos de esas instituciones que pueden optar a la gratuidad en la educación técnica profesional en todo el territorio. En cambio, un 29%, es decir, 337.616 alumnos, asistió a CFT e IP acreditados, pero constituidas como sociedades comerciales.
Figueroa afirma que es una discriminación para los estudiantes comenzar el beneficio con esos criterios. “Cuando uno mira la distribución territorial se da cuenta de que hay 29 ciudades que tienen IP o CFT acreditados, pero cuyos alumnos no podrán acceder a la gratuidad porque se trata de organizaciones con lucro y no tienen cómo, en la misma ciudad, acceder al beneficio, al no haber allí uno sin lucro. Por lo tanto, existiendo instituciones disponibles y un sistema que funciona, se los está excluyendo sin ninguna justificación”.
Algunas de estas 29 ciudades son Arica, Chillán, Curicó, Iquique, La Serena, Los Angeles y Puerto Montt. Sin embargo, se debe considerar que – según datos del Mineduc- en todas las universidades del Cruch el año pasado se matricularon más de 30 mil alumnos en programas técnicos o de nivel profesional sin licenciatura.
Para el académico de la U. Diego Portales, José Joaquín Brunner, ex ministro y experto en políticas educativas, la clave es que la ley actualmente permite que las instituciones técnicas tengan fines de lucro. “El gobierno en este caso no debiera partir prohibiendo que las instituciones con fines de lucro participen, porque éstas han sido creadas y actúan de acuerdo a la ley, entonces debería incluir a todos los IP y CFT que cumplan con estar acreditados. Luego tendrán que regular cómo garantiza que el dinero de la gratuidad sea bien usado, pero es una situación de regulación posterior”, explicó.
Brunner agregó que la medida “no se puede llamar gratuidad, habría que llamarla privilegios especiales para ciertos alumnos en ciertas instituciones, en ciertas ciudades. Es una medida que va en una dirección completamente contraria de lo que es lo esperado para una mayor equidad del sistema y mayor igualdad”. Añadió que, hasta que no cambie la ley, los IP y CFT deben ser incluidos según acreditación.
Pero desde el Ministerio de Educación, aseguran que la dificultad es la gran desregulación del sistema de educación superior técnico profesional. “Ese es el mundo más desregulado y con fines de lucro. Entonces la restricción de que tienen que ser sin fines de lucro y acreditado, hace que no haya oferta gratuita en algunas ciudades. En la medida que esas instituciones pasen a ser acreditadas y sin fines de lucro tendrán cobertura”, aseguró Francisco Martínez, jefe de la División de Educación Superior del Mineduc.
Felipe Salazar, coordinador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la U. Diego Portales, si bien criticó que se siga prometiendo aumentar la cobertura de gratuidad, sin tener claro cómo financiarla, aseguró que regular el sistema debe ser prioridad. “Si bien se ha dicho que el beneficiado por la política tiene que ser el estudiante y no las instituciones, tampoco podemos entregar financiamiento a los estudiantes a través de instituciones que el Estado no está dispuesto a financiar por problemas de calidad de los programas, de calidad institucional o de configuración orgánica”.
Salazar añadió que “debemos ser responsables en el uso de los recursos. No podemos estar prometiendo gratuidad si no tenemos cómo financiarla. Especialmente considerando que tenemos falencias en otros niveles educativos y donde tampoco ha quedado muy claro cómo va a ser el proceso de recolección de recursos para financiar la educación superior, sin pasar a llevar las falencias que tenemos en pre escolar y en escolar”.
Fuente: LaTercera
