La iniciativa tendrá por finalidad publicar, en los Tribunales de Familia del país y en un sitio web creado para tal efecto, la nómina de quienes adeuden al menos tres pensiones consecutivas, o al menos, cinco alternadas, ya sea que correspondan a alimentos definitivos o provisorios.
El proyecto de resolución 323, que plantea la creación de un Registro en el que se publique periódicamente la nómina de deudores alimentarios, fue presentado por el diputado Leopoldo Pérez (RN), y respaldado por los parlamentarios Marcela Hernando (PRSD), David Sandoval (UDI), Alejandra Sepúlveda (IND), Alejandro Santana (RN), Marcela Sabat (RN), Germán Verdugo (RN), Jaime Bellolio (UDI), Iván Fuentes (IND) y Cristián Monckeberg (RN), siendo finalmente aprobado en Sala por 88 votos a favor y 1 abstención.
En el texto, los autores de la iniciativa pidieron al Ejecutivo coordinar con el Poder Judicial las anotaciones en el Registro de las sentencias firmes o ejecutoriadas de los Tribunales de Justicia, e Igualmente, realizar las gestiones necesarias para que, una vez regularizada la situación del deudor, el Tribunal de cuenta de inmediato a la autoridad competente para su eliminación del citado registro.
Además, que encargue la gestión de este Registro y el estudio de posibles sanciones para quienes formen parte de él, como la prohibición de realizar compras de bienes de gran valor, que impidan el pronto pago de las obligaciones adeudadas, tales como compraventa de vehículos para su uso particular, paquetes de viaje, créditos hipotecarios, etc.
Los legisladores precisaron en la propuesta que en la práctica, hay muchos casos en los que lamentablemente, quien ha sido sentenciado por un juez a dar alimentos a un beneficiario no cumple con su obligación, por lo que el alimentario debe acudir nuevamente al Poder Judicial, para introducirse en un largo y tedioso juicio para obtener el pago de esta obligación.
La mora de esta obligación genera un menoscabo no solo pecuniario sino que incluso un desgaste físico y psíquico para el beneficiario del derecho de alimentos. Se trata por tanto de una situación que el ordenamiento jurídico debe resolver, pues los actuales procedimientos judiciales o no dan abasto, o son demasiado burocráticos para resolver los casos de deudas por alimentos ya devengados y no otorgados.
Finalmente, argumentaron que con la creación de este Registro, será más fácil identificar quienes son deudores y, por lo mismo, se haría más efectiva su persecución civil. Postulan también que se podrían establecer funciones, como impedir que el deudor realice grandes compras que menoscaben su capacidad pecuniaria. Además, de que voluntariamente los deudores cumplan sus compromisos legales o judiciales, por temor a aparecer en un registro público.
