La iniciativa les impediría ejercer en el servicio público y privado y los eliminaría del registro AUGE.
La parlamentaria dijo que en las actuales circunstancias “perder un especialista es un lujo que en Atacama no nos podemos permitir; prueba de ello es que el principal impedimento para contar con una UCI pediátrica ha sido la falta de un especialista del área”.
En el marco de las denuncias por los profesionales becados por el Estado que se niegan a ejercer en el servicio público, la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini, presentó este miércoles un proyecto de ley que establece sanciones para aquellos profesionales de la salud que no cumplan con las obligaciones que la ley le impone, luego de habérseles otorgado becas para sus especializaciones.
La iniciativa fue ingresada por la parlamentaria, en su calidad de subjefa de bancada, junto a los también diputados socilaistas Manuel Monsalve, Luis Lemus y Juan Luis Castro, y busca establecer que los profesionales que no cumplan su compromiso de retorno de becas de especialidad no puedan ejercer perpetuamente en la administración del Estado y tampoco podrán desempeñarse en ningún empleo remunerado con fondos públicos.
Al respecto, la diputada Cicardini señaló que a su juicio “es inmoral que profesionales que han sido formados con cargo al Estado incumplan el compromiso adquirido de contribuir a mejorar la salud pública. Me cuesta además entender que un profesional cuya vocación es la de servir en un área tan sensible como la de la salud y la vida, no sienta de manera innata ese deber como una oportunidad de canalizar esa vocación de manera solidaria”, indicó.
“El gobierno está formando mil especialistas por año, de ellos 800 tienen la obligación de devolver su beca en el sector público. Queremos garantizarle a los chilenos que eso va a ocurrir por este proyecto”, dijo Cicardini.
No obstante Cicardini señaló que “con mayor razón se debe valorar a aquellos profesionales de la salud que sí honran ese compromiso, que son la mayoría; y por ello espero también que en paralelo a las sanciones, el Estado refuerce también los incentivos de las becas para que aquellos jóvenes que necesitan esa oportunidad y quieren devolverlo con servicio puedan acceder a ese apoyo y lleguen más especialistas a regiones como la nuestra”.
Respecto a la situación en Atacama, destacó que si bien las tasas de retorno de especialistas aparentan ser positivos, con 4 especialistas que no han cumplido su servicio en la zona en los últimos 3 años, “hay que entender que con la necesidad de estos profesionales que hoy existe en Atacama, perder uno solo de ellos es un lujo que no nos podemos permitir; prueba de ello es que el principal impedimento para contar con una UCI pediátrica ha sido la falta de un especialista del área”, puntualizó.
Proyecto
La propuesta presentada por la diputada plantea la inhabilidad por el sólo ministerio de la ley, para el ejercicio de la profesión médica, en los términos en que la habilita el Código Sanitario. Y elimina a los profesionales del registro AUGE, de manera que aquellas clínicas que los contraten perderán su acreditación.
El proyecto fundamenta en el hecho de que los programas de especialización para médicos cirujanos en Etapa de Destinación y Formación de los Servicios de Salud, buscan la preparación de médicos por parte del Estado para solucionar los problemas más graves y enraizados de nuestro sistema de salud, como es la falta de especialistas e implican una inversión gigantesca por parte del Estado.
Dicha inversión se realiza bajo la condición del servicio profesional en la salud pública “durante un tiempo equivalente al doble de la duración de la beca de especialización, devolviendo así a la sociedad toda, el beneficio que le fue entregado”, indica el texto.
