Mediante dos proyectos de resolución aprobados este martes, la Cámara pidió al Ejecutivo eliminar o congelar el reajuste de pensiones y degradación o pérdida de beneficios para los civiles o militares condenados por violaciones a los derechos humanos.
Ambos proyectos de resolución fueron analizados y aprobados esta tarde por la Cámara de Diputados.
El proyecto de resolución N° 274, de los diputados Felipe Letelier (PPD), Roberto Poblete(Ind), Karol Cariola (PC), Guillermo Ceroni (PPD), Claudio Arriagada (DC), Marcela Hernando (PRSD),Hugo Gutiérrez (PC), Daniella Cicardini (PS), Cristián Campos (PPD) y Juan Luis Castro (PS), solicita a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que en lo venidero se elimine o congele el reajuste anual real proporcionado al sector público, para militares o civiles condenados por violaciones a los derechos humanos , que reciban jubilaciones o pensiones con fondos públicos.
Los legisladores indican que “la medida que se propone busca reforzar este repudio, al no hacer extensivo a los condenados a violaciones a los derechos humanos los reajustes que anualmente se hacen al sector público y que pueden favorecer a estas personas en la medida en que se reciban remuneraciones o pensiones financiadas con dineros públicos”.
Esta iniciativa recibió 51 votos a favor, 32 en contra y 9 abstenciones.
Posteriormente, la Sala votó el proyecto de resolución N° 275, presentado por los mismos diputados, que solicitar a la Jefa de Estado “patrocinar un proyecto de ley que establezca sanciones para civiles y militares que, bajo cualquier circunstancia o régimen, cometan violaciones a los derechos humanos, con penas accesorias de degradación a la pérdida de todos los beneficios”.
Esta propuesta fue aprobada con 59 votos a favor, 31 en contra y 7 abstenciones.
Los legisladores argumentan que “resulta plenamente válido incluir como pena accesoria respecto de conductas que constituyan delitos de guerra y lesa humanidad, la degradación de los militares implicados, esto es, su expulsión de la membrecía a la institución”.
Añaden que “esto es consistente con el hecho de que los militares están en una posición estructural particularmente propicia para violar derechos humanos, por lo que adoptar medidas de este tipo está plenamente justificado y resulta necesario, e incluso puede considerarse como obligatorio desde el punto de vista de las obligaciones internacionales del Estado de Chile, como forma de prevención general y castigo”.
