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Diputada Cicardini oficia a instituciones e insistirá en compensación para Chañaral

logitoParlamentaria solicitó a la cuprífera e instituciones públicas, información detallada de estudios por daño ambiental y en la salud de las personas así como de políticas paliativas o compensatorias desarrolladas en la comuna. El objetivo es reiniciar los esfuerzos en busca de medidas en beneficio del puerto.

Conocer todos los análisis e informes en relación al deterioro ambiental, en la salud y de calidad de vida, así como las eventuales medidas paliativas adoptadas en los últimos 20 años por la contaminación minera en la Bahía de Chañaral, es el objetivo de una serie de oficios de fiscalización solicitados por la diputada (PS) por el quinto distrito Daniella Cicardini, y dirigidos a Codelco e instituciones públicas y de gobierno competentes en la materia.

Los documentos fueron despachados desde la cámara de diputados a Codelco, Consejo Regional, Municipalidad de Chañaral, Seremi de Medioambiente y a la Seremi y Servicio de Salud de Atacama, y solicitan “conocer sobre la aplicación o contratación de estudios que den cuenta del estado y deterioro ambiental que presenta la Bahía de Chañaral, particularmente producto del vertimiento, escurrimiento y depósito, de materiales contaminantes provenientes de la División El Salvador de Codelco”.

A través de la medida la parlamentaria busca además interiorizarse del detalle de posibles análisis que den cuenta del estado de salud de la población y de enfermedades atribuibles a la exposición a los citados materiales contaminantes, depositados durante más de 50 años en la costa chañaralina.

Cicardini, quien presentó a fines de 2014 un proyecto de acuerdo para la recuperación de la bahía y la promoción de un plan de desarrollo mediante las utilidades de Codelco, detalló que el envío de los oficios “ tiene relación con retomar la búsqueda de esa compensación pero de manera responsable, ya que a pesar de que para la ciudadanía el daño es evidente y existen antecedentes que así lo avalan, es relevante partir de la base de los estudios formales y de la información oficial existente, o incluso desde la carencia de ella; así como conocer los eventuales esfuerzos que se hayan realizado en la materia”, indicó.

Si bien la diputada por el quinto distrito reconoció que alcanzar el objetivo compensatorio es algo complejo, expresó su “confianza en que es factible, y yo al menos no podría sentirme tranquila si no hago todo lo posible desde mi cargo para intentar que efectivamente se asuma esa responsabilidad histórica y sobre todo para mejorar la calidad de vida y las perspectivas futuras de la gente en Chañaral”, subrayó.

Consultada respecto a los recientes esfuerzos de Codelco en conjunto con autoridades locales para el control de la polución en las instalaciones del puerto de Barquito, Cicardini los calificó como “un buen comienzo y una señal positiva por parte de la empresa, y es esa buena disposición lo que me reafirma en mis expectativas de que tal vez es el momento oportuno para comenzar a plantear un plan mayor y de fondo; que se haga cargo de manera justa y proporcional del daño causado en Chañaral”, señaló.

Precisamente a través de los oficios solicitados Cicardini espera conocer respecto a la eventual aplicación de instrumentos, medidas o políticas que se hayan impulsado en las últimas décadas para paliar los efectos negativos y el constante deterioro ambiental y de calidad de vida, que ha sufrido la bahía y sus habitantes

Contaminación histórica

Desde la década de 1938 existen antecedentes de relaves vertidos en el río Salado por parte de la Andes Cooper Minning Company, antecesora legal de Codelco, los que al llegar a su desembocadura, provocaron un efecto perjudicial en el sector costero, a causa de 30 años de depósito de alrededor de 29.000 toneladas diarias de material contaminante compuesto por arsénico, cianuro, plomo, zinc y mercurio, entre otros metales pesados.

Posteriormente, tras el retroceso de la línea costera y la desviación del cauce del río 15 kilómetros al norte, se replicó la situación de daño ambiental en otra zona costera, y llevó a que en 1988 la Corte Suprema acogiera un recurso de la comunidad fallando en contra de Codelco, obligándolo a terminar con los derrames al océano Pacífico y ordenando la construcción de un tranque de relaves.

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