De acuerdo a una estimación de la Dirección de Presupuestos, el Gobierno de Michelle Bachelet aumentó su dotación de funcionarios públicos en 50.000 personas, llegando a 307.000 a fines de 2017.
Dicho número contrasta con los del primer mandato de Sebastián Piñera, cuando el incremento fue de 31.000, según información de la misma entidad.
La presidenta de la UDI, Jaqueline van Rysselberghe, insistió en que este aumento exponencial fue precisamente por la instalación de “operadores políticos”.
Para el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez, se está confundiendo a los trabajadores de carrera del Estado con los cargos de exclusiva confianza, quienes tienen todo el derecho a aspirar a regularizar su situación laboral, pasando de honorario a contrata.
Durante el martes, parlamentarios de Renovación Nacional hicieron circular por redes sociales un video llamando a los funcionarios públicos a denunciar a sus compañeros que a su juicio, corresponden a la categoría de “operadores políticos”.
Un hecho que fue duramente criticado por el secretario general del Partido Radical, Osvaldo Correa, quien calificó esta actitud como “lo más similar a la inquisición”, comparándola con las dictaduras que instalan el soplonaje al interior de la función pública.
“Esto retrata en cuerpo y alma a la derecha inquisidora que es propia de toda dictadura, donde se motiva el soplonaje y se instala el odio en la función pública que no debe tener color político y que está al servicio de todos los chilenos”, aseguró.
En ese contexto, la ANEF aseguró que en lo que va del actual Gobierno ya han sido desvinculados más de 600 empleados públicos, sin que se trate de trabajadores de confianza, como se intentado hacer creer, sino de funcionarios de carrera.
Por ello, indicaron que solicitaron una reunión con el presidente Sebastián Piñera y el 11 de mayo se juntarán con el ministro de Hacienda Felipe Larraín.