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Analizan resultados de comisión médica asesora de listas de espera

En la sesión, los parlamentarios propusieron trabajar en conjunto con el Minsal, en el marco de la Ley de Presupuestos para mejorar la gestión de listas de espera.

La Comisión de Salud conoció de parte de la Ministra Carmen Castillo, las principales propuestas de la Comisión Asesora en materia de listas de espera. La Secretaria de Estado no quiso entregar un número concreto de fallecidos, al precisar que todas las cifras son reales, pero con distintas metodologías.

La Ministra de Salud entregó parte de los resultados de las propuestas de la instancia médica asesora integrada por 9 profesionales de la salud, que sesionó 90 días, analizando información de los procesos de derivación, datos del Repositorio Nacional de Listas de Espera No Ges, y de las garantías retrasadas GES. Además, el grupo asesor tuvo acceso a los documentos de la glosa 06 desde 2011.

Antes la autoridad hizo una comparación de las cifras de personas en listas de espera a marzo de 2014 y con la administración Bachelet a junio de 2017.

Si bien las cifras de nueva especialidad han aumentado de 1 millón 562 mil 295 personas a 1 millón 636 mil 777 personas, donde la mitad de ellas, esperaba más de 2 años por una atención, ahora se ha reducido el tiempo en 135 días promedio. Mientras que en cirugías se aumentó la lista de 194 mil 938 casos a 278 mil 749, reduciendo los tiempos de más de 2 años, en 73 días.

Las cifras de fallecidos se estimaron en 25 mil en atención No Ges, y 11 mil fallecidos con garantías retrasadas entre 2005 y 2016. La cifra se rectificó en la misma Comisión de Salud, en mayo pasado, a 22 mil 326 casos.

Para la comisión asesora, la principal conclusión fue que no es posible establecer una relación de causalidad entre la presencia de una persona en lista de espera y la causa de su fallecimiento. Para la entidad, la cifra de fallecidos alcanzaría a 15.625 en vez de 25 mil. Medición que realizaron revisando los casos y aplicando un juicio experto estableciendo una asociación potencial, pero no contemplando las fichas clínicas.

De ese total, se consideró que 576 casos de menores de 40 años, podrían tener cierta relación entre espera y fallecimiento, 260 casos; y en una muestra de mil casos de mayores de 40, 427 casos. Lo que podría ser comprobado con auditorías de fichas clínicas.

Carmen Castillo recalcó que todas las cifras son reales, pero con distintas metodologías, aludiendo al informe de Contraloría y a los resultados de la Comisión Asesora.

Reacciones

Los diputados Juan Luis Castro (PS) y Javier Macaya (UDI) no quedaron conformes con la entrega de antecedentes.

Castro expresó que hay personas que fallecen en la espera y no sabemos de qué fallece. “Eso me parece algo que todavía no tiene explicación, y que es precisamente lo que estamos insistiendo ante la autoridad, que tiene que resolverse lo antes posible. Si el Auge tiene 12 años en Chile, tiene un protocolo de registro, se sabe cuándo alguien ingresa o sale del Auge, cuando tiene acceso o cobertura, ¿por qué no vamos a saber de qué muere una persona en una lista de espera? Eso me parece poco concebible”.

El diputado Macaya enfatizó que “yo encuentro lamentable que después de dos horas de Comisión, y a instancias nuestras, la ministra recién se pronunció respecto a un informe de Contraloría que probablemente es lo más lapidario que se ha visto en materia de gestión de salud en los últimos años. Yo dificulto que haya una cuestión más grave que se haya evidenciado por un ente fiscalizador como lo que conocimos esta semana. Aquí hay chilenos que se están muriendo, esto es una violación flagrante de derechos humanos de miles de compatriotas que por su condición de pobreza están falleciendo en el Sistema Público de Salud. No veo que haya una autocrítica del Ministerio”.

Debido a las insuficiencias de la información para la gestión de tiempos y listas de espera, se aplicará a partir de noviembre un nuevo Sistema de Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE), que permitirá mejorar el análisis de datos y una actualización inmediata de los fallecidos, ya que estará en línea con el Registro Civil.

A su vez, la ministra Castillo se refirió a otras medidas urgentes para mejorar los tiempos de espera, con 160 mil consultas nuevas de especialidad y 1400 intervenciones quirúrgicas. “Medidas urgentes es también trabajar ya en lo que hemos detectado. Sabemos que hay pacientes que están esperando de 2016 hacia atrás en consultas nuevas; y del 2013 hacia atrás, en cirugías de pacientes complejos que tienen problemas asociados y que es difícil efectuarles una cirugía, esos son los que estamos analizando. Y ese trabajo se está haciendo con fondos acotados de 4.800 millones de pesos que se redestinaron al interior del ministerio para dar respuesta a estos requerimientos a nivel nacional”.

En la comisión, el diputado Manuel Monsalve (PS) propuso a la Ministra de Salud el trabajo conjunto en una política de Estado que aborde esta materia. “Lo importante es que los que quedan fuera de la atención, si tienen una patología grave, tengan una política para atenderlos de manera oportuna, y eso hay que acordarlo. Tenemos que pasar de la discusión a la construcción de una política de Estado”.

El legislador socialista agregó que “yo he planteado que la ministra invite a la Comisión de Salud a unas tres reuniones de trabajo, porque estamos ad portas de la Ley de Presupuestos, y creo que ahí tenemos que plantear medidas”.

Monsalve recalcó que “una de las causas por las que mueren las personas que están en lista de espera es porque son portadoras del cáncer, que estaban esperando un procedimiento diagnóstico o el tratamiento, y mientras estaban en lista de espera, el cáncer les produjo la muerte. Tenemos que fortalecer, si queremos que eso no ocurra, no debemos discutir sólo de la gestión de listas de espera, hay que discutir cuál es la política de lucha contra el cáncer”.

La instancia de Salud espera contar en las próximas sesiones, con el Contralor de la República, Jorge Bermúdez, para que se refiera al informe de auditorías por listas de espera realizado a 23 hospitales públicos, y que determinó el sumario para cinco de ellos.

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