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El proyecto que busca revertir polémica prohibición del Servel de hacer propaganda en redes sociales

logitoIniciativa -firmada por grupo transversal de diputados- plantea que prohibir uso de internet en campañas “supone renunciar a un mecanismo de invaluable valor para la ciudadanía”.

Polémica generó en el mundo político el instructivo del Servel que prohíbe realizar propaganda electoral a través de redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp, así como el envío de mensajes y llamados telefónicos de cara a las elecciones municipales del próximo 23 de octubre.

El texto -dado a conocer anoche por T13.cl- detalla las actividades de propaganda permitidas y no permitidas, consignando entre estas últimas la prohibición de “realizar propaganda en plazas, parques y otros espacios públicos no autorizados” por el Servel,así como desplegar carteles que superen los dos metros cuadrados.

Fue en este contexto que el martes un grupo transversal de diputados ingresaron un proyecto de ley que busca revertir la polémica prohibición. La moción fue firmada por los diputados RN Cristián Monckeberg y Alejandro Santana, los UDI Marisol Turres y Arturo Squella, los PS Osvaldo Andrade y Leonardo Soto, los DC Ricardo Rincón y Jorge Sabag, además del DC Ricardo Rincón.

La Sala dio cuenta ese mismo día del ingreso del proyecto, que comenzará su revisión este miércoles en la Comisión de Constitución. Según detalló Monckeberg a este medio, ya han sostenido conversaciones con el gobierno para acelerar su tramitación.

Los detalles del proyecto

El proyecto recuerda que, de acuerdo al artículo 30 de la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, se entiende como propaganda electoral “todo evento o manifestación pública y la publicidad radial, escrita, en imágenes, en soportes audiovisuales u otros medios análogos, siempre que promueva a una o más personas o partidos políticos constituidos o en formación, con fines electorales”.

“De lo anterior (el artículo 30) el Servicio Electoral ha entendido que este concepto de propaganda electoral no contempla el uso de páginas web u otros mecanismos remotos de publicidad, lo que prohibiría el uso de plataformas virtuales y ameritaría la aplicación de sanciones a los candidatos que hagan uso de ellas”, dicen los fundamentos del proyecto.

Una interpretación que a juicio de los diputados es “particularmente grave atendidas las nuevas sanciones que conllevaría las infracciones y normas de publicidad y financiamiento”.

“Asimismo, sancionar el uso de fuentes de información limpias y accesibles a la ciudadanía, considerando la amplia penetración de Internet y de dispositivos que permiten acceder a él en el Chile de hoy, supone renunciar a un mecanismo de invaluable valor para la ciudadanía”, sostienen.

Los parlamentarios agregan que “no entender lo anterior y proscribir la publicidad por medios remotos no solo es ir en contra de los principios que informan nuestra legislación electoral y las reformas introducidas en los últimos meses, sino por cierto un claro retroceso respecto de lo que incuso existía antes de la entrada en vigencia de las enmiendas legales”.

“Con los bajos niveles de participación política y la entrada en vigencia del voto voluntario, es necesario generar mecanismos y difundir propuestas y contenidos, algo que por cierto permite internet y las redes sociales”, fundamentan.

Es así que proponen esta nueva redacción para el artículo 30: “Se entenderá por propaganda electoral, para los efectos de esta ley, todo evento o manifestación pública y la publicidad radial, escrita, en audio o imágenes, en soportes audiovisuales u otros medios similares, cualquiera sea la plataforma o protocolo de difusión, sean estos análogos o digitales, telefónicos, portales electrónicos o redes sociales, siempre que promueva a una o más personas o partidos políticos constituidos o en formación, con fines electorales”.

Presentan recurso de protección contra medida

Por su parte,  Fabián Vásquez, candidato a alcalde por Santiago, anunció que este jueves presentará un recurso de protección contra el manual dictado por el Servel.

El documento -que será patrocinado por el abogado Roberto Ávila- plantea que la medida “atenta contra la la libertad de expresión y el Estado democrático”.

Fuente: T13

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