Luego de que la empresa Barrick señalara que estarían viabilizando el proyecto con las comunidades, ya hay voces que se desdicen de este acuerdo y es más solicitan la revocación de la Resolución de la Calificación Ambiental y también critican la actuación del abogado Lorenzo Soto.
“Somos agricultores, crianceros, pobladores, iglesias, comunidades diaguitas que hace más de 15 años hemos denunciado la inviabilidad de hacer megaminería en la naciente de nuestras cuencas, enfrentándonos a las autoridades, a la empresa, a la justicia, a los medios de comunicación, para demostrar con conocimiento que este proyecto es inviable en el lugar donde se encuentra,”, parte diciendo el comunicado de prensa.
El documento que llegó a los medios de prensa, figuran; Asamblea por el Agua del Guasco Alto – Comité Ecológico y Cultural Esperanza de Vida, Unidos por el Agua , Comunidad Diaguita Los Tambos, Comunidad Diaguita Patay Co, Consejo de Defensa del Valle del Huasco, Iglesia
Presbiteriana, Chigüinto Iglesia Católica, Alto del Carmen, Pastoral Salvaguarda de la Creación, Provincia de Huasco, Asociación pequeños Agricultores de San Félix, AGE, Pajareteros Alto del Carmen – Junta de Vecinos Piedras Juntas, San Félix, Alto del Carmen, Creando Valle y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA.
Según estas agrupaciones, existen argumentos suficientes para que se revoque la Resolución de Calificación Ambiental. “Además tenemos en curso una demanda por daño ambiental irreparable a Glaciares y hemos logrado que los inversionistas demanden en Estados Unidos y en Canadá a la empresa por no haber informado la inviabilidad de este proyecto. Hemos demostrado que el extractivismo sobre estos ecosistemas frágiles es incompatible con la vida” agrega el comunicado.
En el documento se sostiene que esta estrategia no es nueva en el Valle del Huasco, ya que el 2005 se habría hecho un acuerdo de similares características.
“Repudiamos el rol de abogados como Lorenzo Soto, que se ha dedicado a lucrar con el sufrimiento y vulnerabilidad de nuestros territorios, ya lo vimos negociar con el caso de la termoeléctrica los Robles y Farellones, intentó realizar transacciones económica que pusieron en riesgo la acción judicial de la comunidad de Totoral en el caso contra la termoeléctrica
Castilla, quiso operar a favor de Agrosuper en Freirina. Soto piensa que las comunidades tenemos derecho a ponerle precio a los bienes comunes, y de paso darle un buen porcentaje por sus oficios. Nosotros reiteramos, la VIDA, NUESTRA VIDA, NO TIENE PRECIO”, también indica el texto.
Para ellos, los que firmaron este acuerdo, pertenecen a un grupo muy reducido de dirigentes y que la única medida de compensación, es que se le quite al proyecto la Resolución de Calificación Ambiental.
