Yasna Provoste, intervino en la Cámara de Diputados señalando que “lo que nosotros esperamos es que en la región de Atacama se le dé una explicación a las familias y a la sociedad, ya que no es posible que el 80% de niños y niñas que ingresan a los programas de residencia lo hagan bajo el rótulo de negligencia parental”.
Por 87 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó esta semana, ante la presencia del Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, el informe elaborado por la Comisión Investigadora sobre el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores (Sename).
El texto contiene cerca de 200 propuestas para las autoridades del Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia
En relación al incumplimiento de las funciones del organismo en le región de Atacama, Provoste señaló que “hemos intervenido respecto del debate del informe de la comisión investigadora del Sename, y lo que nosotros esperamos es que en la región de Atacama se le dé una explicación a las familias y a la sociedad, ya que no es posible que el 80% de niños y niñas que ingresan a los programas de residencia lo hagan bajo el rótulo de negligencia parenta”.
“El Sename necesita explicar a todo el país, que es lo que va a entender por negligencia parental, porque lo que hemos visto en nuestra región, es que simplemente por ser pobres le arrebatan los niños y niñas a esas familias. Lo que da cuenta el informe de la comisión investigadora es el fracaso de las distintas administraciones del Sename, pero también de la sociedad en su conjunto”, agregó.
“Nosotros vamos a apoyar para que el Ministerio de Justica pueda hacer un rediseño profundo, no solo más recursos, no solo más fiscalizaciones, sino también clarificar los modelos metodológicos para garantizar que esta tarea tan importante que el Estado le confiere al Sename, que no es otra que es resguardar los derechos y la promoción de derechos de los niños y niñas se cumpla, y no como hoy día ha quedado en manifiesto los sistemáticos abusos sexuales, físicos y sicológicos, la negación de derechos como el acceso a la educación, a la salud, hechos que nos constatan a lo largo del todo el país, que esta es una situación dolorosa y que requiere ser remediada por el conjunto de todos los actores de nuestra sociedad”, sentenció.
La comisión -que se constituyó el 31 julio 2013-, se creó tras el impacto que generó el informe titulado “Proyecto de Levantamiento y Unificación de Información referente a Niños, Niñas y Adolescentes en el Sistema Residencial de Chile“, realizado por el Poder Judicial y la Unicef, que provocó, además, una seguidilla de nuevas denuncias y reportajes en medios masivos detallando casos de vulneración de derechos de los menores en riesgo social.
